optica optometra

Declaración Pública Rotter & Krauss

“En relación a las destempladas declaraciones que realizó el Senador Guido Girardi en conjunto con la directiva de la Sociedad Chilena de Oftalmología, señalamos a la opinión pública que ésta es una acción comunicacional desesperada que busca bloquear el libre ejercicio de la optometría, la cual fue aprobada por el propio Congreso Nacional a través de la Ley 24.470 en el año 2011.

Como es de público conocimiento, la Ley de Optometría autorizó el desarrollo de la misma en Chile a través de especialistas no médicos con formación técnica para diagnosticar vicios de refracción ocular (hipermetropía, miopía o astigmatismo), recetar lentes para corregir sus efectos y diagnosticar patologías oculares (con el fin de inhibirse y derivarlas al médico oftalmólogo). Los profesionales tecnólogos médicos con mención en oftalmología y optómetras extranjeros habilitados son profesionales que cumplen con todas las competencias académicas y técnicas para realizar un completo examen visual y ocular, detectando errores refractivos e indicando la prescripción del lente que cada paciente requiera para compensar su defecto visual. Al realizar el examen, y de encontrar evidencia de alguna patología, el optómetra o tecnólogo médico tiene la obligación de derivar a un médico oftalmólogo.

La optometría es una política pública virtuosa e indispensable para la ciudadanía, pues permite a los más de 600.000 chilenos que padecen de algún tipo de patología visual y están en lista de espera por hasta 480 días sin acceder a salud visual primaria en forma expedita, oportuna y a precios accesibles. Lo más destacable, es que permite a la ciudadanía ser atendida por profesionales de la salud visual con cinco años de formación universitaria.  A modo de ejemplo, mientras una consulta oftalmológica tiene un valor en torno a los $60.000, el examen de optometría tiene un costo promedio de $5.000, e incluso en algunas instancias se ofrece en forma gratuita a partir del reciente fallo del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho de tecnólogos médicos con mención en oftalmología y optómetras extranjeros habilitados al libre ejercicio de su profesión en las ópticas.

Al incorporar a un tecnólogo médico con mención en oftalmología o a un optómetra extranjero habilitado en una óptica, esta se transforma en un centro de salud visual primaria. Actualmente se podrían sumar 1.400 centros de atención, si es que esto se extiende a todas las ópticas de Chile a lo largo y ancho del territorio, lo que sin duda permitirá mayor acceso a las personas ya que en las zonas más aisladas de nuestro país, y en sectores más vulnerables, en muchas ocasiones no hay especialistas que atiendan, y dependen de la “buena voluntad” de operativos médicos esporádicos.

Lamentamos que sea la propia comunidad médica la que busque perjudicar a la ciudadanía al cerrarle el acceso barato e incluso gratuito a un examen para obtener una receta de lentes ópticos, en vez de focalizar sus esfuerzos en que los servicios de optometría se presten de acuerdo a los más altos estándares y éticos como ocurre en nuestras ópticas a nivel nacional. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad oftalmológica a hacer valer las leyes vigentes y aprobadas por el Congreso Nacional, como también respetar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, organismo que en reciente fallo consolidó el libre ejercicio de la optometría en Chile y en las ópticas. De hecho, todos los países OCDE cuentan con profesionales optómetras, al interior de las ópticas, que prestan un servicio de salud visual y ocular primario que, sin duda, es un tremendo aporte al importante y adecuado acceso a la población; sin que esto genere ninguna de las distorsiones a las cuales el Senador Girardi hace referencia.

Finalmente, como Rotter & Krauss rechazamos cada una de las acusaciones que realiza la Sociedad Chilena de Oftalmología, la que amparada en el poder mediático del senador Girardi, solo busca proteger un monopolio económico perjudicando a más de 600.000 pacientes que no tienen los recursos para pagar una consulta privada de incluso $60.000.”