Diputado Raúl Soto celebra entrada en vigencia de nueva ley de inclusión laboral

Diputado Raúl Soto celebra entrada en vigencia de nueva ley de inclusión laboral

El domingo, 1 de abril, comenzó a regir la nueva Ley de Inclusión Laboral, que tiene como objetivo generar más oportunidades de empleo y prohibir toda discriminación a personas que tengan una discapacidad.

La norma, que fue promovida por el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, permitirá la creación de más de 38 mil puestos de trabajo y deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, que permitía pagarle menos del sueldo mínimo a una persona con alguna discapacidad mental o intelectual.

Al respecto, el diputado DC y miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Raúl Soto, junto con valorar la entrada en vigor de la normativa, señaló que “la ley permitirá que miles de personas con discapacidad de nuestro país tengan mayores y mejores oportunidades laborales, y de esa manera, mejorar su calidad de vida y desenvolverse con menos discriminación en la sociedad”.

El parlamentario señaló que “esta iniciativa viene a saldar parte de una deuda que el Estado chileno tiene, hace muchos años, con las personas con capacidades diferentes”, sin embargo, sostuvo que “hay mucho por hacer todavía”.

La nueva normativa contempla que las empresas y organismos con 100 o más trabajadores tengan una cuota de al menos 1% de personas con discapacidad.

“Con esto, además, se termina de una vez por todas con la discriminación salarial, permitiendo que las personas con discapacidad estar en las mismas condiciones y recibir la misma remuneración que el resto de los trabajadores, situación que hasta antes de entrada en vigencia de la ley no ocurría”, agregó el diputado por la región de O’Higgins.

Finalmente, Soto, criticó el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo, sólo dos días antes que se promulgara la ley, que posterga, en 3 meses, la obligatoriedad  en la aplicación de la normativa para las medianas empresas. “Espero que el Gobierno pueda retrotraer esta decisión y comenzar aplicar la iniciativa lo más pronto posible”.

La Dirección del Trabajo será la encargada de fiscalizar que las empresas privadas suban a una plataforma web las contrataciones, mientras que los organismos públicos deberán informarlas al Servicio Civil y Senadis. En caso de incumplimientos, pueden ser sancionados por la Contraloría.