El regreso de la detención por sospecha

Columna-de-Opinion


Alberto Ortega Jiron Defensor Regional OHigginsLa empresa de encuestas Cadem emitió el resultado de su modalidad de sondeos “Plaza Pública” y al preguntarle a los encuestados su percepción de la delincuencia en el último año, un 84% respondió que ésta ha crecido; un 73% cree que será víctima de un delito; un 90% cree que la delincuencia está hoy más violenta y un 63% estaría de acuerdo con restituir la detención por sospecha.

No es ninguna novedad, por cierto, que la ciudadanía está asustada luego del trabajo exhaustivo de algunos medios y personeros políticos para atemorizarla con el fenómeno, lo que tampoco es un dato exclusivo nacional, baste ver las discusiones de muchos países americanos y europeos sobre este tema.

El punto que preocupa, y bastante, es la liviandad con que la empresa de encuestas sale a preguntar sobre una aberración como la detención por sospecha y la escasa lucidez de muchos compatriotas para apoyarla sin medir consecuencias o bien, tal vez, sea posible que en la ignorancia excusable de los conceptos jurídicos, algunos crean que la detención por sospecha esté relacionada con la detención por flagrancia, y eso haciendo un esfuerzo de interpretación benigna de esa brutalidad.

La detención por flagrancia es aquella en que se detiene a un sujeto cuando existen indicios o señales (en un tiempo posterior) de que ha participado de un delito.

La detención por sospecha es aquella en que la autoridad detiene a una persona porque le parece sospechosa de acuerdo a su propio criterio.

En la década de los 90, cuando la figura subsistía, los reclamos por los abusos de la misma, basada en la detención de jóvenes y personas pobres sin antecedentes penales, era altísima y los organismos de derechos humanos de la OEA y ONU reclamaron el término y la modificación de las normas.

La detención por sospecha tampoco, como suele ocurrir, hacía ninguna mella en los delincuentes habituales, quienes no eran juzgados en base a estas detenciones arbitrarias, de modo que una noche más o menos en un cuartel era simplemente una anécdota, el problemas radicaba en los miles de jóvenes y personas inocentes eran llevadas esposadas a un cuartel sin haber hecho nada salvo, vestir de una manera o usar un determinado corte de pelo o de vivir en sitios inadecuados (campamentos).

Actualmente las normas constitucionales, los tratados internacionales y órganos como el Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema no permitirían el restablecimiento de una figura de tal calaña.

Pero el dilema a mi juicio, no es que una empresa sea tan irresponsable de proponer mediante una pregunta la discusión sobre esta figura contraria a los derechos humanos, el grave problema es que a muchas personas les daría lo mismo responder que están de acuerdo con la tortura, los azotes públicos o las ejecuciones sumarias.

Alberto Ortega Jirón
Defensor Regional de O’Higgins