Diputado Raúl Soto

Diputado Soto pide urgencia para proyecto de ley «Consultorio Seguro»

Con completo repudio reaccionó el diputado por el distrito 15, de la región de O’Higgins, Raúl Soto, tras la agresión sufrida por un médico en el Cesfam de la comuna de Rengo el pasado miércoles, hecho que ocurrió por la exigencia de una usuaria de recibir un certificado sin recurrir al protocolo y conducto regular.

El presidente de la Confusam, Alex Ramírez, quien también desarrolla funciones en el Cesfam de Rengo explicó el violento episodio y señaló que «Nuestro Cesfam tuvo que lamentar un grave episodio en el que un hijo de una usuaria le propina un golpe en el rostro al uno de nuestros médicos, tras la negativa del doctor a entregar un certificado. Nosotros no podemos emitir un certificado a libre demanda, debemos cumplir un protocolo al respecto y sobre todo si se trata de temas tan sensibles para presentar. El doctor sufre el ataque a la vista de todos los usuarios y funcionarios que estaban en el sector, además de recibir múltiples amenazas para todo el personal. En mi rol de dirigente y presidente regional de la Confusam O’Higgins repudio absolutamente el hecho».

«Esta es una situación que escapa de las manos de los funcionarios y que cada vez es más difícil de controlar» afirmó el diputado Raúl Soto, quien anunció su completo apoyo al proyecto de ley «Consultorio Seguro» que busca sancionar con cárcel a quienes agredan a funcionarios de salud.

Asimismo, Alez Ramírez, solicitó el apoyo de autoridades y parlamentarios para poner fin a este tipo de agresiones y sostuvo que «necesitamos apurar el proyecto de ley hacia la seguridad de los funcionarios de salud. El proyecto fue entregado el día 11 de enero por el ministro de salud. Hoy el apoyo de los parlamentarios es fundamental para que los trabajadores de salud pública puedan trabajar seguros y tranquilos y quienes los agredan, reciban una sanción penal».

Al respecto, el diputado Soto señaló que «Es de gran importancia acelerar la tramitación de este proyecto y dejemos de ocultar o hacer vista gorda de la violencia a la que están expuestos los funcionarios de salud. Necesitamos una protección especial para todos ellos, sean profesionales, técnicos o administrativos, ya que no podemos convertir este tipo de situaciones en un hecho habitual».

«En los últimos años, la violencia es habitual dentro de los recintos de salud, la sensación de inseguridad, por las permanentes agresiones verbales, malos tratos de pacientes y sus familiares, amenazas de muerte, e incluso el uso de la violencia física como en este caso, nos demuestran que la situación va en aumento y tiene implicancias directas en la prestación del servicio de salud, afectando a la integridad física y psicológica tanto de los equipos médicos como de los pacientes testigos de hechos de violencia».

Soto, se refirió a la necesidad de establecer «sanciones claras y concretas a los agresores, con penas efectivas, que impongan coercitivamente un deber de conducta entre los pacientes, familiares y acompañantes».

Así lo plantea el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Salud, ya que las sanciones a quienes agredan a funcionarios de salud en recintos de atención primaria van con penas de 541 días a 3 años de cárcel.