El presidente de la Corte de Apelaciones Rancagua, ministro Marcelo Vásquez, recibió el miércoles 15 de marzo al subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Zvonimir Koporcic, quien junto al jefe del departamento de Desarrollo Institucional (DDI), Mario Lara, recorrió durante 3 días los tribunales de la jurisdicción.
En la reunión también participó el administrador zonal de la CAPJ, Erwin Revillard, y el jefe de Adquisiciones y Mantenimiento, Luis Sánchez, quienes informaron la finalidad de la visita del subdirector nacional a esta jurisdicción.
En primera instancia, la delegación de la CAPJ conoció la evaluación del servicio que está entregando la Corporación a los tribunales y a la Corte de Rancagua, además de revisar las necesidades de infraestructura de los tribunales de la región, ante posible aprobación del Senado de la ley que aumenta la dotación en 110 nuevos jueces en todo el país.
“Estuvimos en Santa Cruz, en Rengo, Rancagua, y el objeto básicamente es ver todas las necesidades de infraestructura que se requieren en los tribunales de la jurisdicción producto de la próxima implementación de la ley de los 110 jueces, que a esta región le asigna tanto magistrados como funcionarios y se requerirían oficinas, más salas de audiencia, puestos de trabajo. Hay que ver cuáles son las soluciones que aplicaremos”, afirmó el subdirector Koporcic.
El presidente del tribunal de alzada señaló, en cuanto a los servicios que brinda la Corporación Administrativa, estar muy satisfechos con la labor de la zonal Rancagua, mientras que respecto a las necesidades de infraestructura si es que se aprueba la ley, señaló que “hay que buscar presupuestos pertinentes como para poder satisfacer, obviamente, cosas que puedan mejorar la eficiencia especialmente en tribunales más alejados, y ojalá que todas las preocupaciones e inversiones que se están realizando se hagan efectivas”.
El 19 de enero pasado se aprobó, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que aumenta la dotación de 110 jueces en diversos tribunales de primera instancia a lo largo del país. De aprobarse esta ley, permitiría ofrecer una respuesta a la sobrecarga laboral que actualmente se registra y entregaría más y mejores herramientas para continuar consolidando una justicia más oportuna, eficiente y de calidad para los habitantes del país.