SAG intensifica difusión de Ley que regula transacciones comerciales

Largas filas de camiones cargados de grano esperando afuera de los silos y molinos de la región, rogando que el grano tenga buen precio y que no existan desavenencias para poder vender el esfuerzo de toda una temporada. Estas son dos frases que resumen la realidad de muchos productores agrícolas de la región de O’Higgins y que la Ley 20.596, que regula las transacciones comerciales de productos agrícolas, pretende mejorar.

“Esta normativa se creó con el objetivo de resolver las desavenencias en cuanto a la calidad de los productos, ya que hasta antes de su promulgación el precio de compra podía ser castigado por conceptos como el grano partido o los porcentajes de humedad”, resume Rodrigo Sotomayor, director regional del SAG.

Por ello, y con el objetivo claro de intensificar la difusión del Reglamento de esta normativa vigente desde el año 2013, es que el Servicio Agrícola y Ganadero  de la Región de O’Higgins está realizando acciones a fin de que todos quienes intervienen en la cadena comercial estén informados sobre las nuevas obligaciones y derechos que se establecieron a partir de su creación.

Fue así, como a través de una reunión informativa realizada en San Fernando con representantes de las empresas conocidas en el rubro como poderes compradores de trigo y maíz de la región de O’Higgins, el SAG comenzó a relevar el tema. “Prevemos una temporada intensa en el inicio de cultivos como el trigo o el maíz. Ahora vamos a apuntar a difundir los derechos que tienen  los productores al momento de realizar la primera transacción comercial de los productos considerados en la normativa”, estableció Sotomayor. La cita fue encabezada por la Jefa del Subdepartamento de Proyectos Transversales del SAG, Vanessa Bravo.

Beneficios para los productores
La legislación relacionada con la regulación de transacciones comerciales de productos agrícolas, también conocida como Ley de muestra y contramuestra, es una herramienta que ayuda a concretar negocios de forma justa y transparente.

El cuerpo legal establece que los productores pueden contratar un veedor que en terreno acompañará el proceso de venta del producto. En caso que no exista un veedor, el reglamento faculta al SAG para ejercer este rol  incluso a través de terceros. Además, se obliga a los poderes compradores a publicar el listado de precios al ingreso a las instalaciones que recibirán los envíos, en su mayoría silos y molinos.