Acceso a la justicia para personas con discapacidad

Acceso a la justicia para personas con discapacidad

En el año 2008, Chile ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ante las Naciones Unidas, concibiendo de manera más completa y desde una visión de los derechos humanos, el acceso a la justicia, buscando un compromiso efectivo del Estado en cuanto a generar acciones concretas que permitan una vía igualitaria a las personas con discapacidad, considerando las necesidades específicas, debiendo realizarse ajustes de los procedimientos, no sólo en materia judicial, sino también en las tratativas previas y en todos los procesos prejudiciales, como por ejemplo: en los procesos de mediación, de investigación penal, entre otros.

Bajo esta perspectiva, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), inició distintas intervenciones, con la finalidad de instalar la variable discapacidad al interior de los organismos encargados de administrar justicia o que presten servicio de asesoría jurídica.

Para el director regional de Senadis O’Higgins, Alejandro Pérez Oportus “el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet busca a través de este convenio realizar acciones concretas para disminuir la brecha de la desigualdad, bajo el paradigma de los derechos de las personas, en este caso derecho a justicia, por tal razón estamos trabajando de manera conjunta para la continuación y mejoramiento de un sistema de defensoría de derechos que otorgue orientación, representación judicial gratuita oportuna y eficaz; es decir, hoy las personas en situación de discapacidad tienen el derecho de contar con un abogado gratuito, quien podrá recibir consultas, sin discriminación y con las competencias necesarias para que esta atención sea integral, inclusiva y respetuosa de la diversidad, como así también será el responsable de la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad en la sociedad civil y demás instituciones públicas y privadas a fin de contribuir a un cambio cultural”.

El convenio denominado “Adecuado Acceso a la Justicia de las Personas en Situación de Discapacidad” suscrito a nivel nacional entre el Senadis y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), contará para nuestra región con don Roberto Nuñez Ortega, abogado de la Universidad Andrés Bello, quien se encuentra cursando un Magister en Derecho Regulatoria en la Pontifica Universidad Católica de Chile, y será el encargado de entregar asesoría jurídica y representación judicial a las personas en situación de discapacidad que han sido vulneradas o discriminadas, además será un referente técnico dentro de la CAJ en materias relacionadas con la discapacidad, asumiendo un activo rol de difusor y promotor de los derechos de las personas con discapacidad, tanto al interior de la institución, como hacia la sociedad civil y otros servicios u organismos públicos de la región, mediante la dictación de charlas, talleres y capacitaciones en general.