La Ley de Inclusión Laboral tiene un largo camino por recorrer a sus tres años de entrada en vigencia

La Ley de Inclusión Laboral tiene un largo camino por recorrer a sus tres años de entrada en vigencia

Fortalecer el sistema de fiscalización, entregar herramientas a los empleadores para que puedan desarrollar procesos de inclusión laboral exitosos y sostenibles, fortalecer las políticas públicas orientadas a capacitar a personas con discapacidad, y considerar un aumento de la cuota establecida en la ley son algunas de las propuestas que Fundación Descúbreme elaboró en el marco de la evaluación de la implementación de la Ley N° 21.015.

En términos generales, la Ley N° 21.015 busca promover la inclusión laboral eficaz de las personas con discapacidad, exigiendo la contratación de -al menos- el 1% de estas personas o de las asignatarias de una pensión de invalidez, respecto al total de trabajadores de empresas u organismos del Estado con 100 o más funcionarios.

De acuerdo con los datos de la Dirección del Trabajo, hasta octubre de 2020 se habían registrado 27.223 contratos de trabajo bajo la ley. El 48,6% de ellos se había iniciado antes de que la normativa entrará en vigor, mientras que el 51,3% fueron celebrados a partir de abril del 2018.

Según lo establecido en el Artículo 4 de las Disposiciones Transitorias de esta normativa, durante el tercer año desde su entrada en vigencia, los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social y Hacienda deberán evaluar conjuntamente la implementación y aplicación de la ley en el sector público y privado. En concreto, esta evaluación deberá abordar el impacto de la cuota establecida y argumentos sobre la mantención o aumento de ésta; los efectos de la normativa en las empresas según tamaño y tipo de actividad productiva; y una revisión de la aplicación y resultados de las medidas alternativas de cumplimiento, formulando mejoras cuando sea necesario.

En este contexto, Fundación Descúbreme buscó conocer la experiencia de diferentes actores del ecosistema de la inclusión laboral de este colectivo con el fin de poder dar cuenta de los desafíos pendientes y potencialidades de la normativa, elaborando una serie de propuestas para seguir incentivando la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

De acuerdo con el análisis realizado por la organización, se percibe que la normativa fue un acontecimiento legislativo de gran impacto, pero que aún es necesario contar con más tiempo para que ésta pueda consolidarse. Esto último no sólo se refleja en la cantidad de empresas y organismos que cumplen con la cuota establecida, sino también en la forma en que se desarrollan los procesos de inclusión laboral.

Además, en este estudio se evidenció que algunas de las barreras que impiden o restringen el acceso de este colectivo al mundo del trabajo son la falta de consciencia en torno a discapacidad, la existencia de prejuicios en torno al tema y la necesidad de generar más políticas públicas que aborden las brechas educativas que experimenta este sector de la población. Todo esto sumado a que las movilizaciones sociales del 2019 y la pandemia de COVID-19 han afectado el proceso de consolidación de la ley en ambos sectores.

Tomando estos elementos en cuenta, Fundación Descúbreme propone las siguientes mejoras a la Ley de Inclusión Laboral:

Fortalecer el sistema de fiscalización y sanción de la implementación de la ley en el sector privado.
Entregar herramientas a los empleadores para que puedan desarrollar procesos de inclusión laboral exitosos y sostenibles. También, es necesario establecer un estándar de calidad para los procesos de intermediación laboral de personas con discapacidad realizados por diferentes organismos como fundaciones, consultoras y OMIL, entre otras.
Fortalecer las políticas públicas orientadas a capacitar a personas con discapacidad, incluyendo los procesos de certificación de competencias para el trabajo.
Considerar un aumento de la cuota establecida en la ley con el fin de seguir impulsando la participación de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo.
Reevaluar la implementación de la ley nuevamente en 3 años más.
Comunicar trimestralmente los avances respecto a la ejecución de la normativa en el sector público y privado.
Reformular el Estatuto Administrativo actual del sector público con el fin de eliminar el requerimiento de salud compatible con el cargo y la necesidad de contar con un nivel de escolaridad de educación media completa (cuarto medio).
Implementar un sistema de beneficios tributarios para financiar los ajustes razonables en empresas.

Para Carola Rubia, directora ejecutiva de Fundación Descúbreme, este conjunto de medidas va a permitir “seguir avanzando en la eliminación de barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad en los entornos laborales. Tarea en la que los diferentes actores deben trabajar en conjunto para seguir impulsando el rol productivo de este colectivo”.