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Procuradora Fiscal de Rancagua realiza Cuenta Pública 2014

La Procaduría Fiscal de Rancagua data del año 1969, junto con la creación de la Corte de Apelaciones de esta ciudad.

La Abogada Procuradora Fiscal de Rancagua, Lya Hald Ramírez, rindió Cuenta Pública de la gestión 2014 del Consejo de Defensa del Estado en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, en una ceremonia a la que asistieron representantes de organismos públicos y actores sociales, y en donde la autoridad del Consejo en Rancagua subrayó los 120 años que conmemora el organismo en 2015.

CDELa Abogada Procuradora Fiscal enfatizó la férrea defensa de los intereses del Estado que ejercen los abogados del CDE, lo que constituye, por sobre toda consideración particular, el principal rasgo de la cultura institucional. La historia de la Procuraduría Fiscal de Rancagua se remonta a 1969 junto a la creación de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esa ciudad, destacó la abogada, quien aprovechó la ocasión para recordar al primer abogado procurador fiscal de la región, Miguel Fredes Lillo.

Hald destacó el volumen de causas a cargo del Consejo en 2014, año en que patrocinó más de 26 causas asuntos en todo el territorio nacional, con cuantías que alcanzaron US$ 19.514 millones, equivalente al 8,2% del PIB estimado para ese año. De ellas –precisó- 1.388 asuntos corresponden a la Procuraduría Fiscal de Rancagua, en donde durante 2014 ingresaron más de 650 nuevos asuntos de diverso índole y materia.

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Estadísticas regionales
La Abogada Procuradora Fiscal presentó los resultados de la gestión judicial de la Procuraduría en 2014. Al respecto, CDEseñaló que las sumas demandadas en juicios civiles, penales e infraccionales; juicios laborales y expropiaciones alcanzaron, aproximadamente, los $1.730 millones, fijándose en sentencias condenatorias ejecutoriadas sólo $349 millones. Ello, indicó, permitió evitar al Fisco el pago de alrededor de $1.385 millones.

Con relación a su función como Fisco Demandante, en 2014 concluyeron cinco causas con cuantías cercanas a los $42 millones. El CDE, a través de su Procuraduría Fiscal en la Sexta Región, logró que se fijaran en sentencias condenatorias $32 millones, lo que se tradujo en un porcentaje de pago efectivo de 78%. Ahora, respecto de montos recuperados por el Consejo, Hald señaló que se logró recaudar, mediante transacción judicial, el 100% del monto demandado en la única causa de este tipo finalizada en el periodo del que se está dando cuenta.

En materia penal no patrimonial, la Abogada Procuradora Fiscal sostuvo que en 2014 se obtuvieron ocho sentencias favorables en este tipo de juicios y tan sólo una desfavorable, lo que significó un 89% de éxito en el área. Por último, respecto del porcentaje de sentencias favorables en causas contencioso administrativas, Hald afirmó que durante el período analizado finalizaron 24 causas de esta índole, con resultados muy favorables para el interés fiscal, ya que del total de reclamaciones interpuestas se obtuvieron 22 sentencias favorables, lo que equivale a un 92% de cumplimiento.

Ámbitos de acción
Al 1 de enero de 2014, la Procuraduría Fiscal de Rancagua tenía a su cargo un total de 1.159 asuntos, los que a fines de ese año llegaron a 1.388, abarcando materias de diversa complejidad.

En el ámbito civil y contencioso administrativo, Lya Hald destacó la intervención de la Procuraduría Fiscal en la defensa de los intereses del Estado en materias de distinta naturaleza, tales como acciones reivindicatorias, posesorias, demarcatorias, indemnizatorias, nulidades de derecho público, recursos de protección, reclamos sanitarios y expropiaciones, entre otras.

Respecto de los servicios que requirieron la representación del Consejo en estos ámbitos, la Abogada Procuradora Fiscal indicó que, entre otros, se representó a:

  • Ministerio de Obras Públicas: En asuntos relacionados con reclamos de indemnizaciones fijadas con motivo de la actividad expropiatoria del Estado y acciones indemnizatorias que dicen relación con contratos de obra pública.
  • Carabineros de Chile: Respecto de daños causados por accidentes de tránsito y defensa en acciones indemnizatorias en que se demanda al Fisco por falta de servicio.
  • Ministerio Público: Asuntos o defensas con relación a supuestos actos injustificadamente erróneos o arbitrarios de los fiscales, así como en materias de acciones posesorias y laborales.
  • Ministerio de Bienes Nacionales: En causas en las que particulares solicitaron nulidad de derecho público de resoluciones administrativas que conceden la posesión regular, conforme a las disposiciones del DL 2695, sobre saneamiento de la pequeña propiedad. De la misma forma, y a solicitud de dicho Ministerio, se ejercieron acciones destinadas a defender la posesión y dominio de predios fiscales ubicados en diversas localidades de la región.
  • Ministerio de Salud: En asuntos relacionados con reclamaciones de multas impuestas por la autoridad sanitaria en procedimientos administrativos por infracción al Código Sanitario y leyes especiales que se tramitan ante los juzgados de letras con competencia civil.

Por último en lo que se refiere al ámbito civil y contencioso, subrayó la defensa de diversos servicios públicos ejercida por la Procuraduría en doce recursos de protección, como la Contraloría General de la República, Seremi de Educación, Seremi de Vivienda, Junaeb, Ministerio de Bienes Nacionales, Gobierno Regional, entre otros.

La Abogado Procurador Fiscal Lya Hald se refirió también a las causas de tipo laboral, penal y al ejercicio de la acción de reparación ambiental y de indemnización de perjuicios, otorgada al Consejo por la Ley 19.300 de Bases del Medioambiente. Explicó que, a través de su Unidad de Medio Ambiente, en el Organismo se han abierto centenares de carpetas internas de análisis de asuntos y denuncias, y se han presentado a nivel nacional más de 80 demandas de reparación ambiental, obteniendo sentencias favorables en casi la totalidad de las causas y, terminando otras tantas, mediante transacciones judiciales.

Ejercicios de acción de reparación ambiental e indemnización de perjuicios
CDE ambientalAgregó que la entrada en vigencia de la Ley 20.417, que crea la nueva institucionalidad ambiental y, en particular, de la Ley 20.600, que crea los Tribunal Ambientales, han abierto un nuevo desafío para el Consejo. Asimismo, la creación del Ministerio del Medio Ambiente y sus respectivas Secretarías Regionales Ministeriales, suman un nuevo cliente en la defensa judicial que realiza este Servicio. En este contexto, sostuvo, el Consejo ha desplegado sus mayores esfuerzos para avanzar en la consolidación de sus competencias en el marco de la nueva institucionalidad ambiental, actuando coordinadamente con cada uno de los organismos que la conforman y logrando importantes avances. Cabe destacar, agregó, que la Procuraduría lleva tres causas por daño ambiental, dos en etapa de cumplimiento y una en etapa de discusión.

Servicio de Mediación por Daños en Salud
“Gran parte de nuestra labor emplea como herramienta fundamental el litigio, sin embargo, a contar de 2005, se establece un nuevo mecanismo de resolución de conflictos en el ámbito de la salud pública, caracterizado por la colaboración de las partes involucradas y que escapa de lo tradicionalmente realizado por el CDE. Me refiero a la Mediación por Daños en Salud”, señaló la Abogada Procuradora Fiscal, en referencia al servicio prestado por el Consejo que en marzo recién pasado cumplió diez años desde su instalación, incorporando métodos de resolución participativa para las divergencias que se susciten entre el ciudadano y los servicios públicos de salud, ante posibles faltas de servicio.

Hald explicó que la Ley 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud, entregó al CDE la obligación de ofrecer el servicio de mediación a las personas interesadas en ejercer acciones jurisdiccionales contra los prestadores institucionales públicos de salud, para obtener la reparación de los daños ocasionados con motivo de las prestaciones recibidas.

“Hemos participado en un germen de cambio cultural, pues a diez años del establecimiento de la mediación es posible apreciar cómo los hospitales reclamados se han ido involucrando cada vez más en los procesos –no obstante ser voluntaria su participación–, entregando la información sobre las atenciones brindadas y las explicaciones para el interesado, independientemente de si se llega o no a acuerdo”, sostuvo. Asimismo, afirmó que constituye un desafío para 2015 lograr un mayor compromiso con la mediación, “aumentando el porcentaje de acuerdos, de manera tal que las personas puedan acceder efectivamente a un procedimiento prejudicial, gratuito, rápido y con un menor costo para ambas partes, tanto usuarios de la red asistencial como servicios públicos de salud reclamados”.

De los 70 reclamos ingresados a dicha Procuraduría durante 2014, se alcanzó acuerdo en cuatro de ellos. De éstos, en tres casos se pagó a los reclamantes las indemnizaciones solicitadas, reparándose íntegramente los daños ocasionados y, en el cuarto caso, se otorgó la prestación asistencial correspondiente.

Causas 2014
La Abogada Procuradora Fiscal repasó en detalle algunas causas importantes en materia civil y penal que finalizaron con sentencias favorables para el interés fiscal durante 2014.

Es el caso del juicio de Hacienda deducido por la empresa Factoring Logros en contra del Estado de Chile, basado en la cesión de la cuarta copia de facturas de proveedores o prestadores de servicios al Fisco, que se perfecciona conforme a las normas de la Ley 19.983, en donde la demandante “confunde y entremezcla las normas de la Ley de Cobro de Factura y la cesión de créditos nominativos común establecidas en el artículo 1901 y siguientes del Código Civil”, explicó Hald. Los argumentos del Consejo de Defensa del Estado lograron que la Corte de Apelaciones de Rancagua señalara en su fallo que la cesión del crédito emanado de un contrato de factoring que le sirve de marco jurídico, por mucho que se contenga en una factura, debe hacerse conforme a las normas de la cesión de créditos nominativos regula por el Código Civil.

Lya Hald subrayó que el fallo permitió establecer que la notificación de la cesión de la factura en comento realizada por un notario público se hizo en forma ilegal, y que la notificación, en la forma practicada, es inoponible al Fisco de Chile.

En el ámbito penal, la Abogada Procuradora Fiscal se refirió a la causa de un contador que asesoraba profesionalmente a importantes contribuyentes de la región, ofreciéndoles rebajar o alterar su carga tributaria mediante la recepción de devoluciones de impuestos improcedentes, anulando giros legalmente cursados, o rebajando dicha carga mediante la intervención del sistema computacional en donde se maneja la información del contribuyente. El contador, indicó, fue formalizado no solo por el delito especial del art. 97 N° 4 del Código Tributario que afecta a los contadores, sino también por fraude al Fisco, lavado de activos y cohecho. Respecto del fraude al Fisco, Hald informó que se condenó en procedimiento abreviado a un particular involucrado, consagrando el principio de la comunicabilidad, en que además se le condenó por fraude Tributario. “Es decir, se entendió que su actuar podía ser subsumible en ambos tipos de defraudaciones, cual es el delito de fraude al Fisco del art. 239 del Código Penal, y al fraude tributario del art.97 N° 4 del Código Tributario”, precisó.

Desafíos 2015
Por último, la Abogada Procuradora Fiscal de Rancagua señaló como desafío para 2015, en materia de defensa y representación judicial del interés fiscal, mantener o superar los buenos resultados logrados en 2014, así como afianzar la coordinación y el fortalecimiento de los vínculos con los servicios públicos relacionados con el quehacer del Consejo, mediante una comunicación directa y efectiva que permita responder a sus requerimientos y necesidades de manera adecuada y eficiente. “En este sentido, quiero destacar que estamos a su disposición, no solo ante la judicialización de conflictos, sino también desde un ámbito preventivo y de cooperación”, apuntó.