En columnas anteriores, he desarrollado las implicancias positivas que produce la Ley de Inclusión en los establecimientos educacionales particulares subvencionados y en la educación pública, principalmente dando cuenta del significativo aumento de los recursos y aportes estatales. Estos recursos adicionales puestos por el Gobierno, deben aplicarse exclusivamente a fines educacionales, es decir, los beneficiarios directos son las niñas, niños y jóvenes de nuestra región.
La pregunta que surge de inmediato es si estos nuevos recursos producirán mejoramientos sustantivos en la calidad de la educación que se imparte en estos establecimientos. La respuesta debiera ser afirmativa sin lugar a dudas, ya que los déficit observados en los colegios públicos y privados dicen relación con la instalación de nuevas competencias en los equipos docentes, el fortalecimiento del liderazgo escolar, principalmente el liderazgo pedagógico-curricular, la disposición de recursos para el aprendizaje, la actualización de la tecnología al servicio de la enseñanza, el mejoramiento de la convivencia escolar, a través de acciones concretas orientadas a valorizar las prácticas inclusivas, la integración de la diversidad, la aplicación de la solidaridad y el compromiso con valores como la democracia, los derechos humanos y el cultivo de una ciudadanía responsable al interior de las aulas.
La familia, cualquiera sea su composición, tiene un rol esencial en este nuevo contexto. Los padres y apoderados no sólo deben acompañar a sus hijos y pupilos en las tareas escolares, sino que gracias a esta nueva realidad que despliega la Ley de Inclusión, tienen la posibilidad concreta de estar más tiempo útil al interior de la escuela, vivenciado de algún modo, el proceso educativo de sus hijos e hijas. La escuela, a su vez, acoge a la familia y la hace parte de sus decisiones cotidianas, a través de las instituciones como el Consejo Escolar, los centros de padres, o actividades como las cuentas públicas, de modo que la familia sea un actor participante y su opinión sea considerada al momento de diseñar las estrategias de implementación del Proyecto Educativo de las escuelas y liceos de la región.
La mirada de las familias es fundamental para construir una educación integral, y potenciar su participación será una tarea principal de los equipos directivos, ya que no existirá la excusa de la falta de recursos para desarrollar actividades específicas que consideren a las familias como protagonistas.
Alyson Hadad Reyes
Seremi de Educación
Región de O’Higgins